FEGAMP – Federación Galega de Municipios e Provincias

Urbanismo y ordenación del territorio

Los señores del suelo. A propósito de un comentario de González-Berenguer

(Por PABLO GIGOSOS y MANUEL SARAVIA)
En un número anterior de esta revista nos reprocha GONZÁLEZ­ BERENGUER, a propósito de nuestro libro La ciudad y los derechos humanos, que no hablemos de política de suelo. «Sorprende –nos dice en su reseña del libro- que no se nos hable de que precisa­mente ahora, y en España (…), se están promulgando las leyes del suelo, que una tras otra, desde 1976 hasta hoy, han entregado a los Bancos, y a precios agrícolas, un montón de millones de me­tros cuadrados de suelo, ahora convertido en urbanizable, que ven­derán cuando estén en precio»[1]. ¿Qué podemos decir? Pues que es cierto. Que, aunque nuestra intención no era referirnos a casos concretos, como el español, nos parece oportuno el reproche. Y nos parece. oportuno porque desde luego la circunstancia que nos re­cuerda, estamos de acuerdo con GONZÁLEZ- BERENGUER, no favorece precisamente un diseño razonable de ciudad y sí contribuye, por el contrario, a frustrar cualquier proyecto creíble de ciudad habi­table como el que defendemos. No es pues un asunto que pueda eludirse. mu legend zen for sale Así que hablemos de ello.

Para defender, dejémoslo claro desde un principio, un plantea­miento que poco tiene que ver con el que ha inspirado la reciente legislación urbanística española, que parece suscitar un sorpren­dente consenso. Nos referimos a esa pretensión que se repite por doquier, coincidiendo con el astronómico incremento sufrido en los últimos tiempos en los precios de la vivienda (y con la práctica desaparición de las viviendas de protección oficial), de apostar por una más drástica liberalización del mercado del suelo; como me­canismo supuestamente favorecedor de una mejor y más amplia competencia, que resolvería de una vez por todas ese reprochable encarecimiento de un bien tan necesario como es la vivienda. Una liberalización del mercado que aquí y ahora se identifica con más suelo clasificado como urbanizable en nuestros planes urbanísticos, en mayor cuantía y con una más ágil tramitación administrativa (una agilidad que tiende a significar, no nos engañemos, menores exigencias: menores obligaciones para el promotor, menos cesio­nes, etc.).

No lo pone en duda, desde luego, nuestro presidente de gobier­no: para el señor Aznar, está claro que el problema del precio de la vivienda «es la insuficiencia de suelo urbanizable». Y su Minis­tro de Fomento no puede contradecirle[2]. Por supuesto lo repiten también machaconamente constructores y promotores: su asocia­ción oficial en España nos recuerda que «la única solución» con­siste en «elevar la oferta de suelo urbanizable en el mercado para que el aumento de competencia entre propietarios modere la subi­da» del precio de la vivienda[3]. Pero es que incluso un medio gene­ralmente bien informado, el diario El País, y a pesar de que algu­nos de sus colaboradores defienda con argumentos contundentes lo contrario, no duda en apoyar esta tesis en sus editoriales, dan­do por sentado «la escasez de terreno edificable» y la necesidad de «acelerar las calificaciones»[4]. Y no es muy distinta la actitud del principal partido de la oposición, que aunque propone más inter­vención, todo lo que se le ocurre es «una penalización a la retención especulativa del suelo (…). Se trata de una alternativa a la vía actual de la expropiación, que suele ser muy larga y costosa, y de paso se aumenta la competencia»[5]. Así que no debe extrañar que todos esos intentos que se repiten por alcanzar un «pacto del sue­lo» entre los grandes partidos, un consenso en esta materia entre las diferentes instituciones (corporaciones locales, autonomías y gobierno), aunque irremediablemente abocados al fracaso, sigan insistiendo en estos mismos o parecidos planteamientos[6]. ¿Por qué esta insistencia en unos tópicos tan viejos que ya han demostrado con creces ser una falacia?

LO QUE NO ES LA CUESTIÓN DEL SUELO: EL JUEGO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

1. Antes de responder a esta pregunta y de indagar en sus de­rivaciones, expliquemos con mayor detalle nuestro punto de parti­da. La pretendida liberalización del suelo, o con mayor precisión, la clasificación de más suelo urbanizable en nuestros municipios, sin medida y con menores exigencias, no es inocua. Produce unos efectos suficientemente contrastados (no estamos ante un fenóme­no nuevo) que no se corresponden con los que preconizan sus pro­motores. Más bien habría que hablar de unos efectos contrarios. Dejemos de lado ahora lo que significa en cuanto a invasión de nuevos territorios, consumiendo recursos de forma irracional (el propio territorio, las costosas infraestructuras con que se dota, que a su vez obligan a nuevos e innecesarios consumos, etc.). Ya volveremos sobre ello. Lo primero que hay que dejar claro es que la clasificación de todo el término municipal como urbanizable (la supuesta ampliación de la oferta) ni introduce competencia, ni contribuye a bajar los precios. Puede favorecer en cambio su en­carecimiento.

Esto es así principalmente porque el suelo en las ciudades es un tipo de producto cautivo. Está ligado a unas oportunidades: de localización (más o menos atractiva, donde interesa), de infraes­tructuras (disponibles o próximas), etc. asics pas cher Y con estas condiciones, salvo intervención activa de las administraciones públicas, el suelo siempre es escaso, por muy generosa que sea la clasificación de nuevo suelo urbanizable. Sus precios no van a depender nunca de esta oferta virtual, sino de otras circunstancias. Colin Kaepernick Jersey Algo que se ha comprobado hasta la saciedad en el pasado. Cualquier análisis rea­lista de cómo son tomadas las decisiones concernientes al uso del suelo en las ciudades, como ya en los años 70 nos recordaba el profesor de geografía e ingeniería ambiental David Harvey, al revi­sar las investigaciones anteriores sobre este asunto, concluye inde­fectiblemente que «el concepto tradicional del equilibrio de la ofer­ta y la demanda no es muy importante respecto a la mayoría de los problemas o posibilidades que se refieren al sector de la vivien­da en la economía»[7].

Y las cosas no han cambiado desde entonces. No es difícil cons­tatarlo si efectivamente seguimos analizando con realismo lo que tenemos delante. Desde luego datos sobre cómo se han movido los precios del mercado de la vivienda o el del suelo no faltan. Si nos atenemos al ejemplo español se ha calculado entre 1998 y 2002 un encarecimiento medio de la vivienda del 74%. Y un incremento del precio del suelo urbanizado de un 91% entre 1994 y 2000. De tal forma que el precio de suelo representa en la actualidad más del 50% del coste total de construcción de una vivienda, frente al 24% que suponía en 1996[8]. Pero ¿alguien se ha molestado en compro­bar cómo se han comportado mientras tanto los planes urbanísti­cos?, ¿qué ha ocurrido con los suelos clasificados con razonable suficiencia” (y bastante magnanimidad en no pocas ciudades) en los años anteriores? Porque la impresión de quienes estamos implica­dos en la práctica urbanística es de que cuando se produjo el pri­mer crecimiento notable de los precios de la vivienda, entre 1986 y 1991, «ya estaba allí el suelo clasificado»[9]. Llevaba mucho tiem­po esperando (y sigue haciéndolo, en una proporción importante) a ser urbanizado. Nunca ha habido escasez de suelo clasificado, pero sólo ha interesado su incorporación al proceso urbanístico (y en dosis perfectamente calculadas y de modo selectivo) cuando los precios de la vivienda se han disparado. Y otro hecho claro: estos precios sólo se han atemperado cuando parte de ese suelo ha sido construido o puesto en juego por la Administración, como parte de una política pública de vivienda.

Así son las cosas. Lo resumía certeramente, no hace mucho, Joaquín Leguina (en un excelente artículo en las páginas de opi­nión de El País)[10] al describir la batalla ideológica y política sos­tenida en los últimos 20 años en España en torno a este asunto: fue el crecimiento de los precios de finales de los 80 el que susci­tó este viejo argumento de que una masiva recalificación del suelo haría bajar, ipso facto, los precios; convirtiéndose tal falacia, nos dice, en «imperativo categórico marxista, pero de Groucho (‘más suelo, que es la guerra… contra los precios’»> que acabaría es­tando detrás de la vigente ley del suelo (de 1998) y de la política seguida en Madrid (a partir de 1989). ¿Qué ha ocurrido en esta ciu­dad después de la redacción masiva de PAUs y convenios urbanís­ticos? Pues lo siguiente: «viviendas entregadas en el nuevo suelo recalificado, cero; mientras el precio del suelo re calificado aún sin urbanizar se ha multiplicado por seis. Todo un éxito. ¿Qué ha pa­sado? Pues lo que todos los urbanistas sabían que iba a pasar: dado que los especuladores trabajan en régimen oligopólico y monopólico a la hora de fijar los precios, y dada la renuncia de los poderes públicos a intervenir en el ‘proceso de fabricación’, los operadores retienen el suelo (especulan) cuanto quieren y, lógica­mente, los precios se disparan». Manejan a su antojo un producto que por mucho que se empeñen nuestros ideólogos neoliberales (que según Leguina mienten, emiten mensajes falsos con intención de engañar) y si la autoridad competente no lo remedia, se comer­cia en régimen de oligopolio. Nada de limpia competencia.

2. ¿Qué argumentan los partidarios de atenerse exclusivamen­te a las reglas del mercado? La teoría liberalizadora se funda en cinco afirmaciones[11]. 1.a) El precio del suelo determina el de la vi­vienda; si sube, el precio de la vivienda subirá también; si baja, bajará la vivienda. Y como primera consecuencia, la reducción de las cesiones que haya que hacer al municipio repercutirá positiva­mente en el precio de la vivienda. 2.a) El precio del suelo se forma de la periferia al centro. 3.a) Una mano invisible (hay que ver cuán­tas manos tiene el mercado) garantiza la utilización eficiente del suelo. No es necesario el planeamiento; cuanto menos, mejor. 4.a) El aumento exponencial de la oferta llevaría a que la renta del suelo en urbanización igualase a la del suelo agrícola. s.a) Cual­quier barrera o raya que establezca condiciones diferentes en el régimen del suelo tiene efectos nocivos en el mercado, pues crea escasez.

Pues bien, los hechos reseñados hasta ahora no sólo no avalan estas cinco afirmaciones; también permiten atisbar otras premisas. air jordan 7 Por de pronto es difícil admitir que sea el precio del suelo el que determina el de la vivienda. Pues es éste el producto original, el que se demanda. El suelo es un producto derivado, y tiene un va­lor residual. Es el precio que puede alcanzar la vivienda en el mercado el que condiciona el precio del suelo urbanizado, y éste el del suelo sin urbanizar. Con altos precios de vivienda (porque hay gente dispuesta a pagados; porque la vivienda no sólo tiene un valor de uso, también lo tiene de cambio y siempre ha sido, unas veces más, otras menos, una inversión refugio, etc.), el suelo puede pujar por una mayor participación; pero al final es ese precio máximo alcanzable por la vivienda el que tiene la última pa­labra. y un menor grado de exigencia al urbanizador no va a cambiar este tira y afloja. De ahí que se haya podido decir que la reducción de la cesión de aprovechamiento haya sido, lisa y llana­mente, «la más antisocial de las privatizaciones que han tenido lugar en la España contemporánea (…) que bien podría calificarse de malversación de los caudales públicos»[12]. Las cesiones de apro­vechamiento lo que realmente representan es un menor coste del suelo antes de proceder a su desarrollo urbano. Implican la devol­ver a la ciudad la porción de suelo que le corresponde, llevando a cabo de forma material el precepto constitucional de participación pública en las plusvalías generadas por la acción urbanizadora.

Tampoco el precio del suelo se forma de la periferia al centro. asics shoes Sucede exactamente al revés. Los precios de los mejores lugares de la ciudad, los más céntricos, los más accesibles, los más atractivos socialmente, condicionan a todos los demás. Por eso una mayor oferta de suelo menos atractivo no tiene efecto alguno en el mer­cado.

La apuesta por la desregulación urbanística (tercera afirmación) ya no engaña a nadie. Pues enfrentado a la tarea de propiciar un orden urbanístico sensato, el mercado es manco. Precisamente el planeamiento (y más concretamente el urbanismo instituciona­lizado a principios del siglo pasado) surgió para corregir los efec­tos indeseables del mercado libre, del que ya se tenía sobrada ex­periencia; y garantizar el uso racional y eficiente del territorio. Eficiencia, desde luego, social. Porque habrá que recordar, una vez más, que la lógica de cada propietario u ofertante no tiene por qué garantizar el interés social de uso y disfrute del territorio. El ópti­mo social no siempre se alcanza mediante la simple suma de ópti­mos individuales. Sobre todo cuando esos óptimos no están distri­buidos de forma equilibrada.

Ni siquiera como abstracción teórica puede pensarse que el aumento ilimitado de la oferta de suelo llevará a la equiparación de su valor con la renta agrícola (cuarta afirmación). El precio en el margen se define en virtud de las últimas viviendas vendidas (las peores puestas en el mercado). «Siempre hay rentas diferenciales entre el último suelo puesto en el mercado y el coste de oportuni­dad agrícola»[13].

Y en este contexto hay que entender la efectividad de la raya, de la definición de un límite al suelo urbano y urbanizable. Pues, si el plan está razonablemente dimensionado (lo más frecuente, se diga lo que se diga), no sólo no tiene efectos nocivos sobre el mer­cado, sino frecuentemente lo contrario. La raya puede contribuir a bajar los precios. Tengamos en cuenta la formación de las ren­tas expectantes, más allá del margen urbano. Nada impide que el

suelo «más allá de la raya» (si la hay) o del «margen urbano» (si está todo liberalizado) adquiera una renta expectante, en función de la previsible demanda futura de dicho suelo. Sólo que en el primer caso el grado de incertidumbre (y riesgo) es muy conside­rable. Mientras que en el segundo, donde se han incrementado de forma notable las expectativas de los propietarios situados más allá del margen, se ha generado un nuevo mercado «virtual», de expec­tativas no amparadas por la demanda actual y real, que juega un protagonismo desorbitado, hacia el que se dirigen capitales, que se convertirán en improductivos o se detraerán de la fiscalidad (si se trata de dinero negro). «El encarecimiento, y no tanto el abarata­miento, del precio del suelo; la creación de un mercado virtual al­tamente especulativo, de activos inmobiliarios: esa es la perspecti­va que nos depara la nueva política inaugurada en 1998»[14].

LO QUE ES: UNA CUESTIÓN DE PODER, UN NUEVO VASALLAJE

3. Volvamos entonces a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué el éxito mediático y político de este planteamiento? Lo apuntaba Leguina al concluir su artículo: porque ese modelo es para los pro­motores el paraíso «<y poco les importa, sino que les conviene, que siga deslizándose en ese paraíso la serpiente alcista del ‘producto final’» ), y tienen capacidad para imponerlo. De tal manera que «en el campo privadísimo de la media docena de promotores que operan, por ejemplo, en Madrid, dominando el mercado del suelo, existe una permanente ‘maquinación para alterar el precio de las cosas’», que funciona y se realiza impunemente. Pues «nadie los va a denunciar ni a perseguir judicialmente»[15].

No hace falta recurrir a ninguna teoría de la conspiración para afirmar esto. Es evidente que estamos ante una defensa acérrima de unos intereses poderosos que sería ingenuo ignorar. Y el hecho de que los suelos de crecimiento o reforma urbana que están en mejor posición en las ciudades pertenezcan o sean propiedad, cada vez en mayor grado, de un reducido grupo de grandes promotores está diferenciando el momento actual de etapas anteriores[16]. Esta concentración favorece su eficacia a la hora de exigir el estableci­miento de normas y reglas a su conveniencia. Lo que persiguen, además, camuflándose entre el resto de los propietarios, cuya exis­tencia aprovechan para justificar su discurso a favor de una com­petencia que precisamente contribuyen a anular. Ésa es una de sus bazas: tratándose de una minoría dentro del conjunto de los pro­pietarios urbanos, y teniendo unas características y unos intereses propios, que no tienen por qué coincidir con los de los demás (no coinciden), se presentan sin embargo como elementos indiferen­ciados, como unos propietarios más que dicen defender los dere­chos de todo el colectivo, y de paso de la sociedad en su conjunto.

Ciertamente la ciudad consolidada (la ciudad habitada) está repartida entre una multitud de pequeños propietarios. Un mini­fundismo urbano que suele recordarse al hablar de los beneficios del derecho a la propiedad (luego volveremos sobre ello). Sin em­bargo, la mayor parte de esta propiedad no entra en el mercado del suelo: éste tiene que ver con las operaciones que se realizan de ampliación del perímetro urbano, o de determinadas actuacio­nes de saneamiento y reforma interior en unos suelos que previa­mente se han concentrado en pocas manos. O se concentrarán. Y es este suelo el que decide el proceso. Cada vez menos propietarios acaparan la mayor parte de estos espacios estratégicos. Com­prando suelo con antelación, forzando o comprometiendo su ven­ta ante la perspectiva de su clasificación como suelo urbanizable o reformable (las dificultades de gestión, que hacen desistir a los viejos propietarios agrícolas o urbanos, favorecen este proceso); reforzando su capacidad para manejar el mercado a unos ritmos adecuados a sus intereses. Que para Vallehermoso (la principal inmobiliaria española) la compra de suelo suponga el 20% del cos­te total de construcción de una casa, frente al 45% que representa para la media del sector[17]; esto es: que el margen bruto de benefi­cios para esta empresa sea casi el doble que para las demás, no es un asunto banal. Marca una diferencia sustancial[18].

Una diferencia, sin embargo, que no suele ser apreciada. Social­mente se mantiene en un segundo plano. Mientras que prevalece una percepción, muy extendida, de contar con una participación subsidiaria en este proceso. En parte por la asociación vivienda­propiedad que se encuentra en el imaginario colectivo de este país, al menos desde los pasados años 60: quien cuenta con una vivien­da en propiedad entiende que el alza de precios no sólo enriquece a los promotores; también le favorece a él, revalorizando su piso. y no es fácil luchar contra esta apreciación.

4. Esta progresiva concentración del mercado de suelo es un fenómeno relativamente reciente en España. Pero ya contribuye, como en los países de nuestro entorno, donde está más avanzada, a incrementar aún más la desproporcionada influencia de los gran­des operadores, su capacidad para establecer las reglas. En este sentido su actuación no es distinta de la que caracteriza a ese pu­ñado cada vez menor de grandes empresas que acumulan el poder económico y social en nuestro mundo globalizado. Si aún no han llegado a formar parte de esta élite, aspiran a ello, o al menos a mantener relaciones privilegiadas con ese poder.

Son múltiples y esclarecedores los signos de este fenómeno. Por de pronto, y aunque el sector inmobiliario se encuentra todavía muy atomizado (seguimos hablando del caso español, donde el minifundismo en el sector residencial, por ejemplo, es patente: las mayores inmobiliarias no superan todavía el 5% del sector, cuan­do en otros países, como el Reino Unido, la cuota de estas gran­des empresas oscila entre el 40 y el 50%)[19], se asiste a una cre­ciente vinculación entre propietarios y grupos inmobiliarios de entidad. Y se multiplican entre estos últimos las fusiones y ad­quisiciones (a nivel nacional, europeo o mundial), lo que les per­mite ganar tamaño y complejidad en sus actuaciones, cada vez más alejadas de las posibilidades de muchos de los promotores tradi­cionales[20].

Se trata además de grupos que amplían el negocio inmobiliario clásico (la promoción de viviendas y oficinas para la venta), diversificando sus actividades o vinculándose a empresas de otros sectores, «generando sinergias entre las distintas actividades» (un eufemismo). Destaca la actividad patrimonialista (compra de acti­vos para alquiler o gestión, especialmente en centros comerciales y de ocio, oficinas, residencias o aparcamientos), la ampliación hacia nuevas áreas de negocio (hoteles, residencias de la tercera edad). También la presencia creciente en el sector de servicios a la edificación (creación de fondos inmobiliarios), y en la gestión de servicios públicos (agua y saneamiento, distribución eléctrica). Un progresivo dominio, en suma, de todas y cada una de las acti­vidades que dan vida a la ciudad, que la construyen[21].

Por supuesto, una vinculación especial es la que existe entre estas empresas y los grandes grupos bancarios («los Bancos», como dice GONZALEZ-BERENGUER). Al menos mediante el aval de las ope­raciones. Suele decirse que detrás de cada gran inmobiliaria hay un banco[22]; y evidentemente la concentración del sector lleva a una dependencia creciente de los grupos financieros. Se acrecienta más aún la desenfrenada financialización de la economía, y la prima­cía de las finanzas sobre la edificación (la producción), en un mundo de liberalización de los movimientos de capital y mundia­lización de los mercados financieros[23].

Y otra vinculación muy significativa, aunque todavía en sus primeras fases, es la que se procura mantener con los principales protagonistas mediáticos. De forma incipiente puede observarse (en un proceso general del mundo empresarial) la relación privilegia­da de todos estos grupos con los más importantes medios de in­formación. No se trata de una alianza casual. Evidencia la impor­tancia de las estrategias de formación de la opinión en la actividad empresarial de esta élite[24].

Todas estas circunstancias inciden sobre un sector que tradicio­nalmente ha beneficiado a gente bien relacionada o que ha sabido establecer buenas vinculaciones con la élite económica y social, un extenso número de promotores privados, muchos de ellos de ám­bito local o regional. air max pas cher Ahora se está produciendo un reagrupa-mien­to, con la creación de grandes grupos que, si no tienen todavía la entidad de sus semejantes en otros ámbitos, consiguen un poder creciente. Al antiguo propietario tradicional le está sustituyendo un nuevo propietario, un nuevo agente que ya ni siquiera precisa te­ner la propiedad del suelo. Una muestra de ello es la consagración de una nueva figura, el empresario del. suelo, el agente promotor. Un operador de reciente factura que arrasa a los pequeños propie­tarios. De hecho, con frecuencia son los únicos capaces de hacer­se cargo de las enormes operaciones inmobiliarias que se plantean en las grandes ciudades.

Incluso la legislación está reconociendo a estos grandes grupos y sus nuevos modos de actuar, potenciándolos. Las legislaciones urbanísticas regionales incorporan, en su mayoría, la figura del agente promotor y el sistema de actuación de concurrencia[25],. con el argumento de «luchar contra las inmovilizaciones de suelo». En realidad se trata de poner en manos de estos operadores la parte del león del desarrollo urbano[26]

Un proceso paralelo y coherente con la emergencia de unas re­laciones sociales nuevas, el desarrollo de una «hiperburguesía»: la nueva clase mundial formada por altos ejecutivos y personal ad­ministrativo de las multinacionales industriales y financieras, del sector terciario e incluso de la Administración[27]; que ejercen su poder en unos nuevos señoríos, fundados sobre la privatización de lo humano y la conversión de la vida en una mercancía. Así, más allá de la democracia política, envueltos en otra mitología (la fe ciega en la tecnociencia, por ejemplo; la primacía de la innovación tecnológica, la americanización y supremacía de todo lo angloame­ricano) los señores del suelo defienden el retorno del discurso fa­laz en defensa de sus intereses de clase. Dan forma a un nuevo vasallaje. buy mu legend zen Sus discursos están plagados de eslóganes (rige la oferta y la demanda; todos somos propietarios, etc.). Como nuevos seño­res, establecen vínculos de dependencia mutua, privatizan el poder, disfrutan de privilegios exclusivos y coaccionan a los siervos[28].

5. Lo peor es que con su encumbramiento se hacen con un mayor nivel de influencia, cuyos resultados demuestran ser cada vez más nefastos. Lo peor de este proceso, que se realimenta, que se refuerza conforme avanza, es que está diseñando y promovien­do una ciudad incivilizada[29], un modelo urbanístico despilfarrador, insolidario y acrítico (por centramos en sus rasgos más peligrosos), que acentúa las diferencias entre la calidad de vida de unos y otros ciudadanos.

Los señores del suelo no entienden de austeridad y apuestan por una política urbana insostenible. Favorecedora de una mayor po­larización social urbana. Una ciudad dispersa y consumidora de suelo y recursos, donde se agravan la dependencia del coche y sus servidumbres (incremento de la duración de los desplazamientos, más carreteras y autopistas urbanas, más accidentes, mayor con­taminación ambiental). Donde se fomenta la creación de nuevos polos de atracción alejados de las áreas centrales (centros comer­ciales que revalorizan nuevos suelos). Donde los lugares de traba­jo se segregan y confinan en recintos periféricos. Insostenible, por­que su interés está en jugar con nuevo suelo en el mercado, con menosprecio del capital fijo. Un modelo insolidario, que defiende los intereses de esa minoría, por encima de los del resto de la gen­te. Se dirige únicamente a los mercados solventes; y la ciudad exis­tente no le interesa, salvo la que pueda explotarse para el turismo.

Es un modelo privatizador. Un modelo antieconómico (desde el punto de vista de la economía general, no de sus bolsillos) e insolidario que sólo es capaz de mantenerse en lo que se puede entenderse como una permanente huída hacia adelante, reforzan­do una política urbanística privatizadora. Recordemos tres ejem­plos. Uno, la generalización y extensión de las hipotecas (cada vez más largas), junto a la sustitución prematura de los edificios de vivienda (con una vida útil cada vez más corta). El 23% de los hogares españoles están hipotecados, endeudados por 30 ó 35 años. La vivienda sube seis veces más que los salarios, y las familias es­pañolas ya gastan más en pagar su vivienda que en alimentación. La financiación de la vivienda representa el 53% de la renta bruta disponible de las familias y los jóvenes no pueden abandonar el hogar paterno[30]. Nike Free homme En segundo lugar, el modelo del coche y la cons­trucción de grandes infraestructuras que luego hay que gestionar y que compromete cada vez más las políticas públicas. El presupuesto municipal se carga con dependencias que tienen que desti­narse a estos suelos abandonando lo demás. Se van creando nue­vas necesidades que impiden atender a otras cuestiones de mayor importancia. Y tercero, la privatización extensiva de los servicios públicos, reduciendo las posibilidades de la Administración de rea­lizar una política razonable. Se privatizan incluso algunos recur­sos básicos para la vida (el suelo), o su gestión (el agua), contra la lógica democrática[31].

Es un modelo acrítico, que no fomenta su discusión en el espa­cio público. Que como parte de su política cuenta con un enorme aparato propagandístico, al que todo ayuda: una determinada cul­tura de la vivienda suburbana, una cultura del coche que se impo­ne como modelo indiscutible; todos los eslóganes que se repiten sobre desregulación y liberalización, apoyados con frecuencia en

informes de expertos o técnicos de la universidad. Controlan la información que les afecta. El discurso sobre los puestos de traba­jo creados por su acción consigue eliminar críticas: por muy ver­des que quieran ser determinadas administraciones, cunde el ejem­plo del gran centro comercial. adidas cloudfoam Pero también se defiende ese modelo de ciudad de forma más difusa (en el cine, por ejemplo). y presentando como natural que las decisiones urbanísticas de los grandes grupos se corresponden con los intereses de la gente. La Administración, los medios, y hasta un determinado «sentido co­mún» los defienden. Así condicionan las políticas y la inversión y se van haciendo con un poder omnímodo. La ciudadanía queda hipotecada[32].

LO QUE SE PUEDE HACER: UNA DEFENSA DEL URBANISMO QUE CONTRARRESTE EL MODELO NEOLIBERAL

6. new balance outlet Retornemos lo que nos ha traído hasta aquí. GONZÁLEZ­BERENGUER nos achaca que no hablemos de política de suelo. Nos advierte incluso de que vista la problemática de la ciudad desde la perspectiva de quien está llevando la peor parte en el desigual re­parto actual de la riqueza, no cabe sino defender la propiedad pública del suelo. Al menos del suelo que la ciudad precisa para su desarrollo[33].

Lo primero que hay que decir es que, desde luego, no es éste un planteamiento extraño. Ha sido tradicionalmente defendido por los urbanistas, y desde otros ámbitos profesionales. Al escribir en 1944 La gran transformación, Karl Polanyi se sorprendía de la exis­tencia misma del mercado del suelo. «Lo que nosotros denomi­namos la tierra es un elemento de la naturaleza inexorablemente entrelazado con las instituciones del hombre; la empresa más ex­traña de todas las emprendidas por nuestros antepasados consis­tió quizás en aislar a la tierra y hacer de ella un mercado»[34]. La propiedad pública del suelo fue defendida por el georgismo, y se institucionalizó en Inglaterra como nacionalización de los derechos del desarrollo y sus plusvalías con la ley de 1947; que, aunque fue abolida parcialmente en 1953, mantuvo su influencia en las suce­sivas legislaciones.

Es sin embargo actualmente una posición en retroceso, demoni­zada incluso desde muchos ámbitos. O en el mejor de los casos tachada de inoportuna. Un texto reciente sobre el urbanismo a comienzos del siglo XXI[35], favorable en principio a la misma, al revisar lo que se dio en llamar the betterment question (la cuestión de las plusvalías) , se pregunta, no obstante, si este planteamiento es hoy políticamente posible. Un planteamiento, es cierto, que nun­ca ha atraído muchas pasiones públicas. Pero ¿cabría decir que, aunque razonable, no es hoy políticamente oportuno?, ¿qué no cabe en la agenda, y que por ello no merece la pena insistir en esta vía? Nos apresuramos a señalar que no es ésta un razón que con­sideremos determinante. new balance fille Se reproduce aquí una situación que po­dría considerarse similar a la que se da con ese derecho de libre asentamiento que defendemos en nuestro libro sobre los derechos humanos y que consiste en reconocer el derecho de las personas a circular libremente, entrar y salir de los países y asentarse en el lugar de su elección. Muchos dirán que es hoy inoportuno, prácti­camente implanteable. Y sin embargo estamos convencidos de lo contrario. No podemos aceptar que tal propuesta esté actualmente «fuera de la agenda pública». No es éste un argumento que nos valga.

La comparación puede servir, sin embargo, para aclarar nues­tra posición. Entre ambas cuestiones valoramos ciertas diferencias. Pues en un caso es una cuestión de principio, obvio, y sobre todo ineludible: es el único camino viable para resolver las injusticias en torno a la inmigración[36]. En el caso del suelo, sin embargo, el planteamiento de una total o cierta nacionalización no parece asunto ineludible; más bien cabe considerado como algo instru­mental, que además tiene enfrente la necesidad de defender un

derecho como es el de la propiedad, que ha demostrado su valor, aunque se refiera al suelo. Es esto lo que marca una diferencia importante, que nos lleva a afrontar el asunto con otro talan­te[37]. Por aclarado: damos por supuesto que no puede plantearse esta cuestión fuera de su contexto, pues depende en gran medi­da de las circunstancias concretas de cada país. No es lo mismo hablar de la propiedad pública del suelo en Guadalajara de Méxi­co que en Guadalajara de España. Y aquí, hoy por hoy, aun es­tando de acuerdo con el objetivo final, la posibilidad y las venta­jas de esta institución (incluso en la forma más atenuada de los derechos de aprovechamiento) no son muy claras. Implican dema­siadas cosas. Incluso con una legislación de expropiación más fa­vorable, sería difícil hacerse con estos derechos: en nuestro con­texto legal no parece económicamente viable de una manera directa. En cambio hay otros procedimientos de conseguir los mis­mos objetivos.

Estos objetivos son los que deben centrar nuestra atención. Que necesariamente pasan, según nuestro criterio, por la defensa de un modelo urbanístico diferente, reglado y con una contundente rei­vindicación de lo público, frente al discurso neoliberal que sólo entiende de un engañoso juego de oferta y demanda en el que cada vez se están quedando más solos los que juegan en campo propio (en régimen de oligopolio). Aquí está el meollo.

Sobre el suelo se discutió ya en extenso con motivo de la refor­ma de la ley 8/90. Y ya que desde entonces ha habido un notable retroceso, sería bueno recuperar aquella discusión, insuflándola obviamente «la sangre que le faltaba». Air Jordan 1 Fue un momento en que se planteó en nuestro país con mayor rigor el debate sobre la libera­lización del suelo en los primeros años 90, en la Comisión de ex­pertos que se creó a propósito de la reforma de la citada ley del suelo[38]. Precisamente cuando se atisbaba un futuro preocupante para las ciudades, el fuerte incremento de los precios de las vivien­das, la imposición del modelo americano (periferia suburbana, abandono de las áreas centrales), el impacto del nuevo boom in­mobiliario. Ya en ese marco se puso en entredicho, por parte de algunos altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda, la política de suelo y la normativa existente, manifestándose proclive s a una extensión de la ideología liberal que se estaba aplicando en política económica al campo del urbanismo. La irrupción de este brote de liberalismo se produjo de forma desafiante y generalmen­te por personas ajenas al sector. La Comisión de expertos, en cam­bio (salvo una minoría), conocedora de los comportamientos sin­gulares de la economía inmobiliaria, defendió mayoritariamente unos planteamientos opuestos.

Se dijo entonces que en realidad se habían elaborado dos do­cumentos: el de la mayoría, que apostaba por un planteamiento que contradecía las posiciones liberales; y otro alternativo, de los miembros provinientes de Economía y Hacienda, al que se apuntó el representante de los promotores privados. La posición mayori­taria, aunque olvidó reforzar o simplemente ignoró ciertos aspec­tos (como el de una mejor participación de los ciudadanos o de qué forma podían desarrollarse los objetivos de reequilibrio social), apostó claramente por un urbanismo que no debía renunciar a la creación de un espacio adecuado para la mayoría de los ciudada­nos, atento a las condiciones de la ciudad existente, con un desa­rrollo ordenado y una política de equipamientos adecuada, etc., para lo que había de propugnar una política de suelo activa que resolviera las rigideces existentes mediante una mejora de la ges­tión. En su documento propuso una serie de medidas que podrían redundar en una mayor fluidez y efectividad para esta política de suelo, tales como las de una mayor coordinación administrativa, o un incremento de la transparencia fiscal. Lo significativo era que los expertos que realmente conocían la complejidad del problema renegaban de una política liberal que esa minoría de los economis­tas auspiciaba[39]. Pero ésta era ya entonces una minoría muy agre­siva[40]. Y paradójicamente, se impuso. Y ahora estamos donde es­tamos.

7. Pero volvamos a insistir. No es en el tema del suelo, sino en la defensa del tipo de ciudad que se pretende desde donde se puede atacar con éxito a los señores del suelo. Desde donde se puede quebrar la extensión del vasallaje. La sangre que le faltaba a la Comisión de expertos, la pasión, el paso que entendemos de­bería prolongar esta discusión es precisamente el que planteamos en nuestro libro sobre el urbanismo de los derechos humanos; donde hemos insistido en la necesidad de plantear todas estas cues­tiones con la referencia de esos derechos cada vez más en peligro[41] . Esos derechos que se institucionalizaron con la Declaración uni­versal de 1948, capaces de fundamentar un urbanismo más respon­sable. En todas sus facetas. Promoviendo el cumplimiento y la profundización de los derechos humanos en el diseño de la ciudad. Evitando la formación de guetos exclusivos o de exclusión. Promo­viendo un equilibrio real de las condiciones urbanísticas (todas) de las distintas áreas de la ciudad. Favoreciendo la construcción de una red universal, accesible para todos, que acerque y relacione todos los espacios (tendiendo puentes y evitando las barreras inte­riores y exteriores). Desincentivando las ayudas ocultas al tráfico privado motorizado, apoyando en cambio la movilidad peatonal y el transporte público. Generalizando la escuela pública y supri­miendo la concertación. Actuando prioritariamente (concentrando la mayor parte de las inversiones) en la ciudad existente (atendien­do a lo presente, a lo concreto). Defendiendo el comercio próximo frente al que exige autovías de acceso. Impulsando la investigación formal, un estilo urbano cosmopolita (que aspira a la universali­dad y toma distancias frente a lo particular). Fomentando la parti­cipación (el retorno del advocacy planning, la realización de contraplanes). Procurando, por supuesto, contar con suelo suficien­te para todo ello.

Sólo en este contexto cabe situar las políticas concretas respec­to al suelo. Con ese carácter instrumental que señalábamos. Y que, como antes adelantábamos, en nuestro país entendemos que po­drían moverse por los siguientes derroteros: en lo que respecta al suelo, por determinar equilibradamente la clasificación de suelo urbanizable; y por una utilización mucho más activa de la figura de los patrimonios públicos de suelo; pero también, y éste es un tema muy importante, por el planteamiento de propuestas con­cretas y en serio de reequilibrio de la ciudad. Y en segundo lugar por una política activa de vivienda, apoyada en tales políticas de suelo[42].

Lo primero, la clasificación equilibrada de suelo significa nue­vamente confiar en la racionalización del crecimiento urbano y la dirección pública del desarrollo de la ciudad. No creemos que de­bamos insistir en esto. Que todo el suelo sea candidato a ser pa­trimonio público de suelo significa, por otra parte, no renunciar a la utilización de los instrumentos legales allá donde, según las cir­cunstancias concretas, se advierta su necesidad u oportunidad; cuidando siempre de distinguir situaciones (por ejemplo, evitando perjudicar a los pequeños propietarios). Sobre el reequilibrio de la ciudad se impone la necesidad de distribuir los edificios, equipa­mientos, usos y actividades que actúan como atractores urbanos o como cargas para la zona en que se insertan con equidad. Y al hablar de una política activa de vivienda se pretende tratar de las unidades residenciales, de su cantidad, calidad y distribución; pero también de atender al entorno como parte de la misma vivienda y favorecer la mezcla en cada zona de alojamientos de diferente con­dición[43].

8. Mas no nos equivoquemos. Hablamos de que para disponer de suelo adecuado debe desarrollarse un urbanismo diferente. Y actuar con una actitud distinta. Un urbanismo fundado en la idea de que forma parte de un contrapoder que hace frente a la tiranía del mercado único[44]. Un urbanismo que desafíe el poder (crecien­te) de las grandes empresas, mediante «el rechazo de aquellas po­líticas que aumentan su dominio económico con la adopción de medidas que limiten su poder»[45]. Que signifique la recuperación del urbanismo social. Un urbanismo preocupado por las personas, que responda afirmativamente, en suma, a la pregunta que se hace Bob Colenutt: «¿Puede el planeamiento servir a los intereses de la gente antes que a los de la propiedad?». Las decisiones importan­tes -dice- las toma sólo un grupo minoritario, «mientras que a la gente le dejan los adornos«. Una situación difícil de contrarres­tar, pues todo el sistema está a la contra: un ayuntamiento que quiere profundizar en una política medioambiental más adecuada, difícilmente mantiene su posición cuando le prometen la ubicación de una importante empresa en su término municipal, aunque des­graciadamente tenga un impacto negativo. Dado que «el poder real reside en los niveles estratégicos», ¿por qué no vigilar estas deci­siones? Bastaría, ante cualquier nuevo esquema urbanístico, cual­quier proyecto que se propusiera, «preguntarse: ¿quién se benefi­cia, quién pierde?»[46].

Interesa ante todo desmontar el modelo neoliberal (un mundo de autopistas, aeropuertos y centros comerciales). Esa es la mejor política de suelo. Nada que ver con el mito del mercado y sí con la certeza de los derechos humanos que siempre ha exigido una intervención activa de las instituciones. nike pas cher Este es el urbanismo que entendemos arrancaría con una visión de los derechos de todos los ciudadanos, que se hiciera siempre esa pregunta sobre los benefi­ciarios de cualquier decisión urbanística. A fin de cuentas no otra debería ser la responsabilidad de los poderes públicos; que habría de ser exigida y controlada, de forma permanente, por esos mis­mos ciudadanos.


[1] Revista de Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente, núm. 193, abril-mayo 2002, págs. 193-198. El libro a que se refiere es: ROSARIO DEL CAZ, PABLO GIGOSOS Y MANUEL SARAVIA, La ciudad y los derechos humanos (Madrid, Talasa, 2002).

[2] El Mundo, 24 de mayo de 2002. Sobre la posición del Partido Popular en materia de vivienda, ver punto V.2.!. del Programa Marco de las Elecciones Au­tonómicas y Municipales 2003, «La vivienda como factor de bienestar y cohe­sión social». Han sido muy comentadas las declaraciones de octubre de 2002 del Ministro de Fomento, F. Álvarez Cascos, en las que aseguró que la vivienda sube «porque muchos españoles pueden pagada».

[3] Declaraciones del secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de España (ACPE), Manuel Martílos, a Efe, 17 de enero de 2003.

[4] 4 El País, domingo 10 de noviembre de 2002, editorial, pág. mu legend zen 14.

[5] Cristina Narbona en la presentación de las propuestas del PSOE para modificar la legislación en materia de suelo (El País, 21 de enero de 2003). Sobre la actual posición del PSOE, Cuadernos Socialistas, núm. UGG Mini Bailey Bow 11; y punto 3 del cap. 7 de la Propuesta de Programa Electoral Municipal, «Vivienda para todos».

[6] El Ministerio de Fomento convocó en diciembre de 2002 a los responsa­bles de urbanismo de las distintas comunidades autónomas para «alcanzar un Pacto Estatal sobre Suelo que permita aumentar su oferta en el mercado, redu­cir su precio y contribuir así, en último término, a atajar el encarecimiento de la vivienda».

[7] DAVID HARVEY, Urbanismo y desigualdad sociaL (Madrid, Siglo XXI, 1977; original de 1973), pág. 173.

[8] Ver datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), en comunicado de prensa de marzo de 2003, para la vivienda; y de Merrill Lynch (Informe de coyuntura de marzo de 2001), para el suelo. Según el Banco de España (Boletín Económico de septiembre de 2001), el suelo urbanizable se encareció el 35% sólo en 2001. La repercusión del precio del suelo la ha calculado el Comité de Política Económica del Círculo de Empresarios (Informe de octubre de 2001).

[9] Cuando despertó el boom, el suelo todavía estaba allí (considérese la bro­ma un homenaje a Monterroso).

[10] JOAQUÍN LEGUINA, «Mentiras y delitos», El País, 13 de enero de 2003. Un artículo anterior, del mismo autor, «A vueltas por el suelo», El País, 17 de agos­to de 2001. Para el caso de una ciudad media (Valladolid), puede verse M. SARAVIA, «A los pies de las grandes inmobiliarias», en El Norte de Castilla, 13 de enero de 2003.

[11] Seguimos fielmente a JOSEP ROCA y MALCOLM BURNS, «La liberalización del mercado de suelo en España. Reforma de la legislación urbanística de 1998», ej. fotocopiado. Un texto expresivo de la ideología liberalizadora, V. CABALLER, M. DOS ANJOS y J. chaussure air jordan A. RODRÍGUEZ, El mercado inmobiliario en España (Madrid, Pirámide, 2002; ver especialmente el cap. 3).

[12] J. ROCA CLADERA, «Fracaso de la liberalización», El País, 8 de diciembre de 2002.

[13] Op. Cit., pag. 22

[14] Op. Cit., pag. 24

[15] LEGUINA, op. cit.

[16] Por seguir con el ejemplo de Valladolid, ver V. ARRANz, «Una docena de promotores controlan ya el suelo que está siendo recalificado en el sur de la ciudad», en El Mundo-Diario de Valladolid, 26 de enero de 2003. Las alian­zas entre promotores locales y nacionales son múltiples, y cada vez más fre­cuentes.

[17] MERRILL LYNCH, Informe de coyuntura, marzo de 200l.

[18] Las cinco mayores constructoras de España (Ferrovial, ACS, Acciona, FCC y Dragados -que se convertirá en la primera cuando concluya su fusión con ACS-) ganaron en 2002 un 30% más que en el año anterior.

[19] AMPARO POLO, «El sector lucha por ganar tamaño», en Expansión, 29 de mayo de 2002.

[20] Los ejemplos se multiplican. Vallehermoso se hizo con Prima Inmobilia­ria y luego se fusionó con Sacyr; Urbis adquirió la filial inmobiliaria de Dragados; Metrovacesa (que significativamente se denomina a sí misma «Inmo­biliaria Global») se hizo con Gesinar; Bami con Zabálburu, etc. Un movimien­to reciente (cuando esto se escribe, 4 de abril de 2003), la adquisición del 32,5% de Dragados por parte de ACS, una operación que dará lugar al primer grupo constructor en el ámbito nacional, y el tercero a nivel europeo, por detrás de las francesas Bouygues y Vinci. Otro en curso, el control de Metrovacesa que se disputan Bami -actual accionista de referencia-, los grupos italianos Caltagirone y Marchini, y posiblemente la empresa gallega Fadesa. (Dos artícu­los sobre el tema: JUAN GÓMEZ, «A las puertas de fusiones de ladrillo y cemen­to», en Expansión, 21 de octubre de 2001; y CARLOS GÓMEZ, «Las inmobiliarias remueven sus cimientos. La carrera de fusiones entre las grandes», en El País­Negocios, de 25 de febrero de 2001).

[21] Por citar sólo algunos casos, veamos dos de las principales inmobiliarias españolas. Viviendas, oficinas, locales y centros comerciales, hoteles, parques industriales y centros logísticos y campos de golf, constituyen el campo de ac­tividad de Fadesa. Viviendas, 2ª residencia, hoteles, turismo y residencia de tercera edad, el del grupo Prasa. La relación entre los grupos inmobiliarios y el negocio de la movilidad es amplia (y recupera una vieja asociación). El grupo Renault, por ejemplo, no sólo fabrica automóviles: también se dedica a los se­guros, las telecomunicaciones, los sistemas financieros, los medios de comuni­cación, etc. El negocio de los aparcamientos atrae a todos los grandes grupos constructores. El reclamo de los centros de consumo y de ocio centra gran parte de la actividad del grupo Riofisa, que también se dedica a la promoción de parques empresariales, edificios de oficinas y urbanización residencial. El gru­po Lar, además de a la promoción de viviendas, se dedica a la promoción y gestión de oficinas, centros para la 3.a edad y centros comerciales. (Sobre este asunto, B. CALDERÓN, «Ganar tamaño y territorio: fusiones de empresas y nue­vos yacimientos de actividad en el sector inmobiliario español», Investigaciones geográficas, mayo-agosto, 2002). La intervención en los servicios públicos es otro de los campos más prometedores. La Société General de Belgique es propieta­ria parcial de Suez Lyonnaise des Eaux. Agbar (Aguas de Barcelona) tiene una variada gama de actividad, entre las que figura también la edificación (Acsa, que entre otras obras también construye equipamientos y edificaciones indus­triales). Iberdrola se dedica a la producción y distribución de la electricidad y la energía nuclear; pero también a la construcción, telecomunicaciones y pro­piedad inmobiliaria. Su negocio inmobiliario se desarrolla en su sociedad Apex Inmobiliaria (realiza viviendas, oficinas, naves industriales, hoteles, «desarrollos comerciales» y gestión del suelo). ACS, por su parte, «pretende -según su pre­sidente, Florentino Pérez- convertirse en una empresa de servicios donde la construcción sea una división más». El grupo Ferrovial tiene a su cargo múlti­ples operaciones de construcción y explotación de autopistas, aparcamientos y aeropuertos; y en Madrid es promotor del PAU Sanchinarro. adidas outlet La diversificación de estas empresas llega a veces más lejos, y hay quien cita relaciones (indirec­tas, pero a veces también directas) con la industria de armamentos y la guerra (son proveedores militares), que no vamos a pormenorizar.

[22] En Vallehermoso, el SCH; en Metrovacesa, el BBV A; en Urbis, Banesto; en Colonial, La Caixa; en Bami, Caja Madrid, en FCC; el Popular y un grupo de cajas de ahorros, etc.

[23] Sobre esta cuestión, Grupo de Lisboa, Le désarmement financier (Bruse­las, Éditions Labor, 1999).

[24] Por citar un ejemplo europeo, Cofide-Cir Group (Italia), que se dedica tanto a la construcción como a los medios de comunicación (es propietario de La Republica y L’espresso). En España, Acciona, que posee «una participación significativa» en el Grupo Correo Prensa Española, primer grupo español de comunicación en prensa escrita (diario ABC y 16 diarios regionales) y con no­table presencia en televisión (Telecinco, Grupo Árbol, Cristal Producciones). También habria que recordar las relaciones, a veces directas, entre estas gran­des empresas y los grupos políticos. Por citar un caso llamativo, el de Rafael Arias Salgado, el anterior ministro de Fomento del Partido Popular y ahora presidente de los centros comerciales Carrefour (pieza clave en la ordenación territorial, competencia precisamente de Fomento), que precisamente ha inicia­do con él una nueva línea de negocio de venta de viviendas. Otro: la interme­diación de A. Agag, yemo del presidente del gobiemo, en la OPA de Caltagirone sobre Metrovacesa.

[25] Ver la recopilación de T. QUINTANA Y L. A. BALLESTEROS, Legislación del Suelo estatal y autonómica (Valencia, Tirant lo Blanch, 2000).

[26] Dos artículos del promotor de la LRAU valenciana, G. ROGER, en la Re­vista de Derecho Urbanístico, números 166 (1999, págs. 89-113), y 193 (2002, págs. 59-81, con P. FERNÁNDEZ MONEDERO). Un artículo crítico, FERNANDO GAlA, en la revista Urban, 3.

[27] DENIS DUCLOS, «Nacimiento de la hiperburguesía» , en Le Monde Diplo­matique, agosto de 1997, págs. 16-17.

[28] Sobre los señoríos, otros textos de referencia con un planteamiento se­mejante, J. ECHEVERRÍA, Los señores del aire (Destino, 1999); Y R. PETRELLA, El manifiesto del agua (Barcelona, Icaria,2002), cap. 2, «El obstáculo: los señores del agua». Sobre la institución histórica del señorío, puede verse la obra de J. R. Nike Air Max 90 Heren grijs

STRAYER o R. BOUTRUCHE.

[29] Todo lo contrario de lo que defendemos en otro texto: R. DEL CAZ, P. GIGOSOS y M. SARAVIA, Ciudades civilizadas (Valladolid, Escuela de Arquitectura, 1999, 615 páginas).

[30] Datos de INE, Censo de Viviendas 2001; INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO, La estructura del consumo en España (2001); y GE MORTGAGE INSURANCE. Análi­sis del mercado hipotecario español: riesgos y sensibilidades al ciclo (27 de mayo de 2002).

[31] A. CRUZ, P. LÓPEZ y L. LUCÍA, «Dejar de ser ciudadanos para convertimos en consumidores», en Le Monde Diplomatique, ed. española, febrero de 2003.

[32] Es éste un panorama general, al que se han apuntado los nuevos señores del suelo. Salvando las diferencias, la forma de operar y sus consecuencias se repiten en multitud de procesos que derivan de una globalización planteada conforme a unas reglas que favorecen a las grandes empresas transnacionales. Podemos referir un ejemplo claro: cómo se promueve una mayor liberalización del mercado internacional en la Unión Europea. Es suficientemente conocida la polémica que ha rodeado a todos los intentos de llevar más allá la política liberalizadora del comercio internacional que favorece a los mejor colocados. Un informe sobre el comercio y desarrollo de 1997, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, llegaba a la conclusión de que el dramático aumento de la desigualdad mundial se debe al modelo actual de globalización, con su liberalización sin reglas de las fuerzas del mercado (me­jor dicho, reglas que favorecen a los poderosos). Pues bien, a pesar de que actualmente se exporta más de un cuarto de la producción mundial, en compara­ción con el 7% de 1950, la UE se niega a reconsiderar el modelo que está de­trás de todos estos movimientos (todos estos datos y los que siguen, B. BALANYÁY otros, Europa S.A. La influencia de las multinacionales en la construcción de la VE, Barcelona, !caria, 2002, págs. 147 y ss.), y continúa promoviendo la li­beralización de la inversión y el comercio internacional, a pesar del aumento de la miseria social y la destrucción medioambiental. El resultado, de no dete­nerse este proceso, es fácilmente previsible. Ya se comprueba cómo muchos de los países más pequeños del sur dependen del comercio internacional para más del 40% de su producto interior bruto (una circunstancia que los sitúa en una posición extremadamente vulnerable). Las grandes multinacionales, con sede en USA, UE y Japón, dominan la emergente economía global: las 500 principales empresas controlan 2/3 del comercio mundial y más de 1/3 de los bienes de productos mundiales. Y esta tiranía económica aumentará en los próximos años, pues mientras la economía mundial crece un 2-3% anual, las grandes empresas suelen hacerlo en torno a un 8-10% anual. Lo más grave es que aunque las mul­tinacionales se definen como creadoras de riqueza y empleo (un discurso muy parecido al de quienes defienden la libre clasificación del suelo), las cifras su­gieren unas conclusiones contrarias: el crecimiento de las multinacionales lleva aparejado habitualmente la eliminación de puestos de trabajo; abusan de la amenaza de la deslocalización para influir en el resultado de los convenios co­lectivos (siempre para empeorar las condiciones del trabajador), y minan los estándares medioambientales de salud y seguridad­

[33] La posición de GONZÁLEZ-BERENGUER (un personaje que defiende sus po­siciones a contra corriente con gran constancia y coraje) está nuevamente ex­presada en su último libro: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ-BERENGUER URRUTIA, Reflexio­nes sobre el urbanismo (Madrid, El Consultor, 2001). Entre las múltiples alusiones del texto en defensa de la socialización del suelo recordamos, por ejemplo, lo expresado en las págs. 32-33: La «socialización del suelo urbano» es «lo deseable»; presenta el «obstáculo de su carestía», pero «no debe olvidar­se que las compras se harían todas (…) por valores iniciales»; e indica la posi­bilidad de crear un banco destinado a financiar estas operaciones, establecer ciclos sucesivos de compra, urbanización y ventas; y la posibilidad de pagar a los expropiados en títulos o «con el dinero de las ventas de sus propios terre­nos», además de la conveniencia de considerar la posible «supresión de otros gastos que la simple inercia mental nos hace considerar hoy como primordia­les». En definitiva, concluye (pág. 40): «Llevo 44 años defendiendo de palabra y por escrito la solución socialista para los problemas de la ciudad en creci­miento». El planeamiento se elaboraría, así, «sobre suelo público, expropiado en masa».

[34] KARL POLANYI, La gran transformación (Madrid, La Piqueta, 1997), pág. 289. THOMAS MERTON advirtió en 1997 de la posibilidad de que «la lluvia sea tratada como una mercancía y que a alguien se le ocurra distribuida por dinero (…) Hasta el momento ella es libre y por eso también en ella lo somos nosotros». Con la tierra no ha habido tanta suerte. (Cit. UGG Bailey Button 5803 por JAN LAMBERT, georgista. en http://webs.advance.com.ar/ice).

[35] A. BLOWERS Y B. EVANS, Town Planning into the 21st Century (Londres, Routledge, 1997).

[36] Ver La ciudad y los derechos humanos, cit., cap. 12.

[37] Precisamente ese ha sido el origen de la queja de los embajadores de 15 países de la Unión Europea ante el presidente de la Generalitat Valenciana por la aplicación de la figura del agente urbanizador prevista en la LRAU. Una sen­sación de atropello, indefensión e incertidumbre de muchos pequeños propie­tarios que les ha llevado a organizarse en lo que se ha titulado como «la rebe­lión de los jubilados europeos». nike air max 90 Ver la web www.abusos-no.org_

[38] Ver el núm. 103 de Ciudad y territorio. Estudios Territoriales, 1995, «Sue­lo y Urbanismo, su polémica actual».

[39] JESÚS LEAL hace un buen resumen en «Un nuevo urbanismol para una sociedad en transformación», Ciudad y Territorio cit., págs. 53 y ss.

[40] Son significativos los argumentos de M. A. FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ «<El de­bate sobre el mercado del suelo», op. cit., págs. 23 y ss.). Decía que «cambiar la legislación española requeriría su tiempo, porque se trataba de cambiar la cultura antiliberal que impregna toda la legislación española desde la ley del 56». Y también: «No habrá cambio fundamental (…) mientras no se aban­done la visión colectivista (…) «el sueño socializador de nuestos legisladores y expertos». Según él «la mentalidad española de ciudad cerrada y fortificada es una mentalidad que viene muy de lejos» (de Floridablanca, nada menos). «Como en cualquier proceso de liberalización los intereses involucrados se re­sistirán ferozmente al cambio, por lo que significa fundamentalmente de pérdi­da de poder político y económico». Precisamente de esto hablamos.

[41] En los días en que se redacta este texto se observa una preocupante actitud del gobierno USA de sustituir el imperio del derecho, que representa la ONU, por el de la fuerza: un síntoma de la actualidad de lo que nos planteábamos.

[42] Un texto reciente sobre la política de vivienda en España, M. TERESA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, La política de vivienda en España. Análisis de sus efectos redistributivos (Universidad de Granada, 2002).

[43] Sobre las propuestas de este tipo, ver La ciudad y los derechos humanos, cit., págs. 57 y ss.

[44] POLANYI lo expresaba claramente (op. cit.) y nosotros, reinterpretándolo, lo recogemos en La ciudad y los derechos humanos, cit. (pág. 39): «Supone la consideración de al menos dos principios organizadores de la ciudad, cada uno con sus específicos objetivos institucionales, el apoyo de determinadas fuerzas sociales y sus métodos propios. El primero es el principio del liberalismo eco­nómico: tiene por objetivos ampliar el mercado único autorregulador y consti­tuir la sociedad del conocimiento; cuenta con el apoyo de determinadas clases (vinculadas al capital financiero) y adopta como método principal el librecam­bio. El segundo es el principio de la protección social: tiene como objetivo con­servar a la persona y a la Naturaleza, cuenta con el beneplácito de todos aque­llos que están directamente afectados por la cción deletérea del mercado único y adopta como método la legislación protectora, las asociaciones y otros ins­trumentos de intervención».

[45] Europa S.A., cit., cap. XIX.

[46] BOB COLENUTT es el autor de The Property Machine, y sabe lo que se trae entre manos. Estuvo vinculado al tinglado de la transformación de los Dock­lands de Londres y ha tenido un papel activo como urbanista e investigador para las asociaciones de vecinos. Las citas proceden de B. COLENUTT, «Can Town Planning be for people rather than property?», en A. BLOWERS y B. EVANS, op. cit., págs.

Los señores del suelo. A propósito de un comentario de González-Berenguer6.5102
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